Ahora que ya sentenció el tribunal con respecto a las más de 300 impugnaciones de la elección presidencial y rechazó a la mayoría de ellas cerrando en definitiva la posibilidad del recuento de los votos y la anulación masiva de casillas el descontento no se ha hecho esperar. En lo personal me molestó el o mejor dicho los dictámenes del máximo tribunal electoral por que no se mostró la más mínima sensibilidad política al respecto de la situación que estamos atravesando en el país, además de que estoy conciente que era una ilusión pensar que desde el mismo poder se daría al traste con el fraude electoral.
Sin embargo es necesario revisar las sentencias y tener la capacidad de autocrítica suficiente para ver que a final de cuentas el tribunal realizó su trabajo de manera impecable, siguió la legislación al pié de la letra y es por errores cometidos por
En lo referente a los errores de la coalición, primeramente está la impugnación grupal de casillas, cosa equivoca pues es similar a acusar a "alguien de haber hecho algo" es decir hacer una acusación vaga que no permite realizar una sentencia ni un análisis profundo pues de un universo de "x" cantidad de casillas se pide la revisión de varias de ellas sin determinar cuales ni el motivo fáctico de la revisión. También está el nulo caso que hicieron a los especialistas de presentar las pruebas del fraude cibernético y basando sus acusaciones en un fraude tradicional.
Por su parte, la legislación electoral trata a las casillas de manera individual al momento de las impugnaciones, lo que hace que las peticiones de recuento o anulación deben hacerse en cada una de las casillas, si es que ahí se adjudica el error. Los distritos electorales por su parte no son motivo de impugnación pues para la legislación estos lugares son centros receptores de información y no tiene facultades ni posibilidad de alterar los resultados por lo que es imposible impugnar un distrito electoral, se impugnan a las casillas de ese distrito. Entrando a las casillas veremos que la legislación tiene dos vacíos que facilitan fraudes. Por un lado está el hecho de que a nivel conteo el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) ordena contar la totalidad de los votos sin importar si son más o menos de los que entrego a una casilla el IFE y, por otro lado está el hecho de que, de acuerdo a está misma legislación es necesario para anular una casilla el que la cantidad de votos sustraídos o agregados sea superior a la diferencia entre los candidatos punteros pues en caso contrario no resulta fundamental para el resultado de la casilla.
El hecho es matemáticamente lógico, sin embargo tiene la falla de considerar a las casillas de manera individual sin verlas como parte de un resultado global y por lo tanto lo que en una casilla puede no ser determinante si puede serlo a nivel generalizado.
Ahora bien, el proceso electoral todavía no termina y aunque soy escéptico y dudo que el tribunal anule la elección o modifique drásticamente los resultados entregados a la ciudadanía por el IFE la realidad es que después de la sentencia del lunes entramos a los dos últimos procedimientos que realizará el TEPJF antes de entregar la constancia de mayoría.
El primero de ellos es el cómputo final de la elección que es el recuento de las 300 actas distritales de manera manual por parte de los magistrados haciendo también las modificaciones necesarias a las actas de acuerdo a las resoluciones. En este sentido tenemos dos posibilidades. La primera de ellas es la confirmación del recuento tal como lo indicó el IFE modificando solamente los distritos en los que exista anulación de casillas y la segunda es la confirmación de un fraude cibernético y el multicitado algoritmo para modificar los resultados pues se ha dicho muchas veces que debido a el comportamiento de los resultados en el PREP y en el conteo distrital, así como las discrepancias entre los resultados en el papel y en los sistemas quedaba mostrado un algoritmo que modificaba los resultados para hacerlos favorecer a Calderón. Por lo que sería de suponerse que al realizar nuevamente el conteo los magistrados de manera manual se evidenciaran dichas diferencias.
La segunda acción a realizar por los magistrados es la calificación de la elección y será ahí donde las cuestiones meramente legales y fácticas queden en segundo término, haciendo de la valoración de los magistrados a los acontecimientos que se dieron antes y durante las elecciones determine si son válidas o no. En este sentido se dice que se esta trabajando en sentencias en ambos sentidos para que sean discutidas y votadas por los magistrados en una próxima sesión y ahí, de cara a toda la nación determinar la validez del proceso electoral.
Todavía no hay nada para nadie y hasta este momento los resultados definitivos del conteo del TEPJF no se han dado a conocer, son solamente las casillas modificadas las que están a la vista del público, además de que no sabemos si este proceso calificará como válido o nos enfrentaremos a una anulación, interinato y nuevo proceso electoral en un par de años.
Aunque, dada la tradición corrupta de las instituciones y la nula sensibilidad política de los magistrados es casi un hecho que a más tardar el 6 de septiembre de este año veremos a Felipe ungido oficialmente como el presidente electo.
30 de agosto de 2006
El Tribunal
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