8 de septiembre de 2006

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Releer las garantías Individuales a las que nos hace acreedores nuestra Carta Magna produce una mezcla de orgullo y enojo, pues por una parte es muy notoria la intención social y humanista del documento elaborado por los constituyentes del 17 y por la otra son obvias las violaciones a estos derechos que sufrimos día a día.

Sin entrar en detalles les comento que me dio risa leer la importancia que nuestra Constitución da a los Ferrocarriles, sobre todo cuando a estas alturas ya prácticamente desapareció ese medio de transporte debido a la venta de Ferrocarriles Nacionales de México y los conflictos que ha traído el derecho de vía entre particulares para facilitar el desarrollo de esta industria. De momento y para salvar lo que se pueda de los Ferrocarriles sería necesario en un primer termino su nacionalización y la inversión urgente de recursos por parte del gobierno para renovar vías y trenes. Pero, mientras las cosas sigan igual veremos poco a poco desaparecer a uno de los medios de transporte emblemáticos en la Revolución Mexicana.

Ot
ro artículo que llamó mi atención fue el 28 constitucional pues ahí se prohíben claramente los monopolios pero en la realidad somos víctimas de varios de ellos, algunos favorecidos por la desigualdad en la competencia (como el caso de Telmex) y otros escandalosos al tratarse de corporativos que van absorbiendo a su competencia.

En este último sentido el caso más notorio es el de Bimbo quien tiene como empresas filiales a Marínela, Tía Rosa, Wonder, Ricolino, Pastelerías El Globo, Milpa Real, Sara Lee, Reposterías Martines, y otras que de momento no me vienen a la mente ha acaparado en sus manos la producción de panes y golosinas a nivel industrializado pues, además de ser propietarios de quienes representan a su "competencia" en las tiendas cuentan con alianzas estratégicas con empresas del ramo.

En ese sentido es notorio el incumplimiento a la constitución que hace Bimbo y eso sin mencionar la injerencia que ha tenido en el pasado proceso electoral y las políticas discriminatorias y moralistas que imperan dentro del corporativo. Siendo un ejemplo de ello la negativa a contratar homosexuales y madres solteras, la exigencia del catolicismo practicante a sus empleados (hay misas al iniciar cada jornada laboral) y la participación activa en la asociación "A favor de lo mejor" para censurar los contenidos en los diferentes medios de comunicación.

Pero el caso Bimbo es algo que debe ser analizado profundamente y deberemos tomar medidas legales al respecto pues a estas alturas en que la empresa del osito es dueña de la mayoría de productos que podemos adquirir en la tienda de la esquina hablar de un boicot es hablar de no comprar nada en las tiendas y con ello perjudicar antes que a la empresa a los tenderos que expenden sus productos y a los obreros por que, recordemos que antes de perder ganancias en una empresa se realizan despidos masivos.

Pasando a otro tema, dejen les comento que me eche un clavado a las 340 páginas que tiene el dictamen aprobado el pasado 5 de septiembre por los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, además de la molestia que me creo eso de que la elección estuvo en riesgo pero nada más tantito, me lleve la sorpresa de encontrarme con una sola cifra en lo referente al cómputo definitivo.

En la página 308 de dicho documento se puede leer: "no se advirtió que los errores se redujeran a la votación emitida a favor del Partido Acción Nacional y de la coalición Por el Bien
de Todos, sino que impactaron a todos los contendientes, confirmando en un número importante los datos consignados en las actas de escrutinio y cómputo de casilla..." y más adelante presentan una tabla en la que se dan a conocer la cantidad de votos que se anularon a cada partido o coalición después de realizar el recuento en las 11,721 casillas.

Los resultados son la disminución en 80,601 votos a Felipe Calderón y 75,355 a Andrés Manuel López Obrador al tratarse de casillas anuladas es lógico hablar de una disminución equilibrada en las votaciones pues no se trata de correcciones a los datos, son casillas anuladas y por ende todos los votos registrados en las actas deben restárseles a los diversos candidatos.

Sin embargo en el dictamen no se hace mención alguna a los votos recuperados por los partidos políticos ni se aclara cuantas fueron las casillas anuladas en el recuento parcial lo que deja lugar a dudas.

Casi al finalizar, en la página 338 se dice que Felipe de Jesús Calderón Hinojosa 14,916,927 votos lo que lo convierte en el presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos. He aquí otro dato que causa suspicacia pues, por una parte se omite presentar los resultados definitivos que obtuvieron los otros cuatro candidatos y por el otro al realizar la resta de los votos totales determinados por el Tribunal en relación a los que había dado a conocer el IFE resulta ser que la diferencia entre ambos es de 83,357 y no de 80,601 como dice el dictamen.

Habiendo una diferencia de poco menos de 3000 votos sin aclarar. Así que en definitiva y más allá de las cuestiones políticas que implica el fallo y las menciones a la presidencia y el CCE como injerencias que pusieron en riesgo la elección pero finalmente no fueron determinantes está un error aritmético que debería ser motivo suficiente para que el tribunal diera a conocer los resultados definitivos y reales que obtuvieron los candidatos en las pasadas elecciones. Por que, como fue que además de los 80,601 votos que perdió Calderón por la anulación de casillas tiene 2756 votos menos en el cómputo final.

Aunque legalmente el dictamen es inatacable es un hecho que por lo menos en el terreno de la ética los magistrados tienen muchas cosas que aclararle al pueblo de México.

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