Mañana se cumple el primer año de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, 12 meses ya de que se dio una terrible noche en que resultaron además 6 personas muertas y una veintena de heridos.
El caso es en sí mismo indignante, doloroso y terrible.
Sin embargo, el asunto ha tomado tintes políticos con los
que se ha buscado demeritar cualquier acción gubernamental, no hay margen de
acción que otorgue tranquilidad a los manifestantes, en este sentido, Roberto
Campa Cifrián, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, aseguró que “dejarlos
satisfechos es muy difícil”.
Luego de la reunión que la tarde de ayer tuvieran el
Presidente Enrique Peña Nieto y familiares de los normalistas desaparecidos y
tras la cual se dieron a conocer los posicionamientos de los involucrados,
nuevamente el discurso de los manifestantes fue de no haber llegado a acuerdo
alguno.
La realidad, más allá de los discursos, es que se acordó la
creación de una fiscalía especializada que, podría enfocarse particularmente al
caso Ayotzinapa o abordar el tema de las desapariciones en su conjunto.
“Rechazamos la
Fiscalía, porque muchas se han formado y quedan en el olvido los crímenes”
argumentó Vidulfo Rosales.
Campa por otro lado consideró que “la diferencia más que en término de fiscalía
o unidad que es algo que se puede resolver, es si ésta se va a encargar
solamente de la búsqueda de los normalistas de
Ayotzinapa o se crearía una fiscalía para atender el tema de
desparecidos, y siendo importantísimo el asunto también se tiene que atender el
resto y por ello se plantea que atienda el tema de los desaparecidos”.
En resumen y pese a un discurso maniqueo que se ha
establecido al rededor del caso y el actuar del gobierno, la realidad es que el
compromiso de EPN con “los padres de los 43 estudiantes normalistas de
Ayotzinapa, desaparecidos en los hechos violentos de Iguala en 2014, a que no
habrá “carpetazo”... hasta llevar a todos los responsables ante la justicia”,
es un hecho confirmado por ambas partes
Además se establecieron seis acciones que el gobierno
federal deberá realizar, mismas que son:
- Investigar todos los hallazgos y posibles responsables que arroje la investigación.
- Sumar las recomendaciones y líneas de investigación que ha propuesto el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
- La Subsecretaría de Derechos Humanos, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva de Atención a Víctimas, deberá asegurarse de que todos los afectados tengan acceso a los mecanismos de atención a víctimas.
- Se garantice la atención médica de todos aquellos que resultaron lesionados en los sucesos de septiembre de 2014.
- La PGR integrará un equipo de peritos del más alto nivel para analizar los hechos ocurridos en el basurero de Cocula, en el cual podrá participar, si así lo acepta, el especialista José Torero
- Creación de la fiscalía para búsqueda de desaparecidos.
Por otro lado, mañana sábado se realizará una movilización
en protesta por la desaparición de los normalistas en la que, afirmó Miguel
Ángel Mancera, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, no habrá presencia del
cuerpo de granaderos para evitar cualquier enfrentamiento.
Además de los familiares de los normalistas, a la
movilización acudirán un contingente de yaquis, maestros de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), del Sindicato Mexicano de
Electricistas, así como integrantes del Frente Popular Francisco Villa (FPFV), contingentes
del Frente Indígena y Campesino de México (Ficam), simpatizantes de la
Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), estudiantes del Instituto
Politécnico Nacional (IPN) y de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) entre otros.
Todos ellos llevarán sus propias luchas que se han
aglutinado alrededor de la desaparición de los normalistas.
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